Producciones no domesticadas

Narrativas laberínticas y rizomáticas

Después de Irak… ¿Colombia?

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A la luz de esta supuesta cruzada de Bush contra el terrorismo global, adquiere un nuevo significado la intervención norteamericana en Colombia y, desde allí, en el conjunto de sudamérica. Las categorías que conforman el discurso belicista de Bush: bien versus mal, están con ellos o con nosotros sirven para justificar el uso del financiamiento militar norteamericano -anteriormente restringido a la lucha contra el narcotráfico- en la persecución de los movimientos guerrilleros, los movimientos campesinos y demás fuerzas populares, previa asimilación a la categoría de terroristas.

A esta conclusión llega el documento Hegemonía norteamericana en América Latina en el contexto del ALCA, desarrollado por Mariano Borzel y Claudio Casparrino para el Departamento de Economía y Política Internacional del Centro Cultural de la Cooperación (Argentina, año 2002).

A continuación les brindo las ideas más interesantes del documento. Ajústense los cinturones porque lo van a necesitar.

La situación de Colombia en el último lustro

En medio de una gran recesión (la más feroz evidenciada desde 1931), el nuevo gobierno conservador de Colombia que llegara al poder en 1998, implementó un programa de ajuste ortodoxo que profundizó las “reformas” iniciadas por la administración de César Gaviria (1990-1994), quien había iniciado una política de privatización de empresas públicas, desregulación financiera, apertura hacia la inversión extranjera, etcétera.

Esta prueba de fe en el neoliberalismo le permitió al presidente Andrés Pastrana normalizar las relaciones con Washington, luego de los cortocircuitos entre el anterior presidente -el liberal Ernesto Samper (acusado de haber financiado su campaña electoral con fondos provenientes del narcotráfico)- y la administración norteamericana. “No debemos tener miedo a la globalización de la economía. Por el contrario, le daremos la bienvenida y prosperaremos dentro de ella”, señaló Pastrana en agosto de 1998.

En el inicio de su mandato, Pastrana habló de un gran plan de inversión para la paz, e inclusive mencionó que se trataba de una especie de Plan Marshall, a semejanza del plan de reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y lo llamó

Plan Colombia.

El número tres del Departamento de Estado Thomas Pickering y el Zar antidrogas Barry McCaffrey le dijeron a Pastrana “que incrementarían fuertemente la ayuda si él desarrollaba un plan ŽcomprensivoŽ para fortalecer las fuerzas armadas, parar la caída de la economía y luchar contra el tráfico de drogas”.

Como resultado, en seis semanas empezó a circular un “nuevo” Plan Colombia. Esta versión concebida y redactada en inglés con la participación de los consejeros del Departamento de Estado norteamericano, estableció un programa con un costo total de 7.500 millones de dólares, de los cuales 3.500 millones debían provenir de ayuda extranjera.

Por su parte, Colombia se comprometía a aportar 4.000 millones de sus propios recursos y de préstamos de instituciones financieras internacionales, al tiempo que -mediante una ley denominada Alianza Act– la administración norteamericana comprometía un aporte de 1.300 millones de dólares, esencialmente destinado a fines militares y uno de cuyos ejes era “recuperar el control del Estado sobre los centros productores de coca”.

Para ello, se financió el entrenamiento y equipamiento de batallones antinarcóticos y la adquisición de 30 helicópteros Black Hawk y 33 Huey, además de otras actividades encuadradas en el Golpe al Sur de Colombia, un operativo destinado a tomar el control de un área de cultivos ilícitos en manos de la guerrilla.

Si bien la ayuda militar prevista está condicionada por cláusulas de respeto a los derechos humanos, en muchos casos los paramilitares actúan como el brazo ilegal de la fuerza pública, ejecutando por su cuenta el trabajo sucio que los militares -en carácter de autoridad sujeta a la ley- no pueden realizar. Ese es el motivo por el que algunos llaman a los paramilitares el sexto batallón del Ejército Colombiano.

Los asesores “privados” norteamericanos pueden completar las tareas que formalmente USA no quiere o no puede desarrollar. Empresas como la norteamericana Dyn Corp (con participación en la guerra de Kosovo) estarían aportando mercenarios al conflicto colombiano.

Por otra parte continúa la guerra química destinada a erradicar las plantaciones de coca. A pesar de las opiniones técnicas sobre los nocivos efectos de los productos utilizados sobre las poblaciones y el ecosistema, la embajadora estadounidense en Lima señaló que el uso del glisfosato -uno de los productos cuestionados- no causa problemas y es como “tomar una aspirina”. No casualmente la firma Monsanto -de capital norteamericano- es una de las principales productoras de este tipo de herbicidas usados en los programas de erradicación de cultivos.

Los soldaditos de Bush

La movilización de recursos en función del nuevo orden mundial -erigido sobre la destrucción de Afganistán- ya cuenta con un presupuesto militar de alrededor de 379.000 millones de dólares, un 40% del total mundial destinado a gasto militar y diez veces la suma gastada por Rusia y China en el mismo rubro.

A su vez, los atentados -presentados como un ataque al american way of life– sirvieron para fortalecer la investidura presidencial de Bush, luego de haber accedido al gobierno por una decisión judicial, en medio de fuertes sospechas de fraude en la Florida.

Por ello no es casual que viejos cold warriors de la época de Reagan hayan vuelto a los cargos claves del Departamento de Estado, entre los cuales se encuentran Otto Reich -Secretario Adjunto para el Hemisferio Occidental- y John Negroponte, embajador ante la ONU. Ambos, activos partidarios de la guerra sucia contra la revolución centroamericana. Otto Reich encabezó la oficina de Diplomacia Pública, un oscuro departamento gubernamental que, entre otras cosas, se dedicaba a escribir cartas falsas y artículos de opinión en periódicos prestigiosos como The Wall Street Journal, The Washington Post y The New York Times. Aunque esos textos estaban supuestamente redactados por nicaragüenses opuestos al sandinismo, en realidad eran fruto de la propaganda clandestina oficial para desestabilizar al gobierno de ese país. No menos significativa fue la actividad de Negroponte, quien usó su cargo como embajador de USA en Honduras para apoyar “de cualquier manera” a la Contra nicaragüense.

Con la llegada al poder de la administración republicana, este influyente lobby ultra conservador ha vuelto a ocupar un lugar central en el diseño de la estrategia geopolítica norteamericana. En el mismo sentido, el documento Santa Fe IV lamenta que “antes, Estados Unidos enfrentaba una amenaza relativamente definida, que era comprensible para el americano medio. [Mientras que] en la actualidad, esta amenaza se ha vuelto infinitamente más complicada y difícil de definir”. Aunque señala que afortunadamente “algunos de los viejos demonios siguen escupiendo fuego y pueden ser fácilmente identificables”.

Los archienemigos

La lista de enemigos es amplia. Incluye a Fidel Castro, a los comunistas chinos -“quienes hicieron una aparición importante en Panamá y reemplazaron a los soviéticos en el Caribe” y a las FARC y el ELN de Colombia “los capitanes de la droga en América del Sur”. En el caso específico de Hugo Chávez, el documento denuncia sus esfuerzos por revitalizar la OPEP y su oposición a privatizar la industria del petróleo, al tiempo que lo acusa de intentar crear una “república socialista” con Ecuador, Panamá y Colombia.

En el contexto descrito no debería sorprendernos que las empresas armamentistas, luego de haber intentado influir en la discusión de defensa “desde afuera” -durante el gobierno de Clinton– hayan ingresado a la Casa Blanca de la mano del texano Bush. Ejecutivos de algunas de las contratistas más grandes en materia de defensa ya ocupan cargos claves en el Pentágono. Desde allí tres empresas –Lockheed-Martin, General Dynamics y Northrop-Grumman– esperan quedarse con la parte del león en los multimillonarios contratos de defensa, que ya suman -entre las tres- 27.600 millones de dólares al año provenientes del Pentágono, por la provisión de aviones, armas, electrónica, etc. Son las mismas compañías que consiguen también la mayor parte de los 34.000 millones adicionales destinados a investigación y desarrollo de armas, incluyendo el polémico proyecto del escudo antimisiles.

Estos halcones de la derecha americana son “la cara visible de una red de gran alcance que nuclea a ideólogos conservadores, cowboys militaristas y contratistas hambrientos de efectivo (cash hungry contractors), como la Heritage Foundation o el mencionado Center for Security Policy” -del cual Donald Rumsfeld es un antiguo asociado y uno de sus soportes financieros.

Colombia puertas adentro

El nuevo contexto internacional, sumado a la evolución de la situación interna colombiana, ha ido modificando la correlación de fuerzas (política y militar) entre el gobierno y la guerrilla, posibilitando que el Estado recupere la confianza para emprender una nueva aventura militar.

Entre los factores determinantes de esta nueva realidad se pueden señalar:

1. El mencionado cambio político mundial post 11 de septiembre.
2. Las lecturas sobre la capacidad destructiva de sus armamentos que hicieron el Pentágono y la Casa Blanca después de la guerra de Afganistán.
3. El fortalecimiento de la capacidad militar de Bogotá, a través de la ayuda militar estadounidense (Plan Colombia).
4. El avance electoral de candidatos derechistas, sostenidos por muchos grupos sociales que simpatizan y/o apoyan a los grupos paramilitares.
5. El aislamiento político internacional de la guerrilla.

Para USA: las FARC y Al Qaeda son lo mismo

La embajadora estadounidense en Colombia ya había identificado abiertamente a las FARC con Al Qaeda al señalar que “tienen la misma hipocresía moral y falta de ideas: los guerrilleros afganos no representan al Islam y los guerrilleros colombianos no buscan la justicia social”, al tiempo que el asesor del Pentágono, Gabriel Marcella, señaló que “después del 11 de septiembre cambió el mapa del mundo y eliminó todo tipo de diferencias entre insurgentes y terroristas”.

Esta caprichosa identificación de fenómenos y realidades tan disímiles, tiene por objetivo preparar el terreno para ampliar el uso de la ayuda militar norteamericana – actualmente restringida al combate contra el narcotráfico- a la lucha contrainsurgente. La inclusión de las FARC en la lista de organizaciones terroristas elaborada por Washington fue el primer paso para incorporar a Colombia en la guerra contra el terrorismo global.

De hecho ya se han usado helicópteros Black Hawk contra la guerrilla, lo que llevó a Pastrana a condecorar a la embajadora norteamericana con la medalla al Mérito Aeronáutico. La propia diplomática declaró al diario El Tiempo que “desde una perspectiva práctica ya no hay restricción para el uso de helicópteros y de otros equipos en muchas zonas del país, particularmente en Putumayo o Caquetá y las zonas de operación de la Fuerza de Tareas Conjuntas del Sur, donde las FARC actúan como narcotraficantes y terroristas”.

El petróleo, el agua y la biodiversidad de Colombia

La Alianza Act -la ley del Congreso norteamericano que posibilitó la ayuda militar a Colombia- explicita entre sus objetivos “insistir para que el gobierno colombiano complete las reformas urgentes destinadas a abrir completamente su economía a la inversión y el comercio exterior, particularmente a la industria del petróleo…”.

Se trata de defender operaciones de la Occidental Petroleum Company (OXY), la Texas y la British Petroleum (hoy fusionada con la norteamericana Amoco) y asegurar el control sobre los campos colombianos, con grandes reservas de petróleo, un recurso vital para el funcionamiento del sistema capitalista. Además de poseer reservas de petróleo sin explotar, la biodiversidad, la riqueza genética y el agua abundan en esta zona de la región andina.

Por otra parte, una nota publicada por Bonasso en Página 12 da cuenta de la intervención de los marines norteamericanos convocados por el gobierno de Misiones “para combatir el dengue”. Se trata de un grupo con sede en la base del Callao (Perú) que tiene como objetivo “la conducción de investigaciones sobre enfermedades infecciosas que afectan la salud humana en Centro y Sudamérica (principalmente la región andina y la cuenca amazónica), particularmente aquellas de importancia para la actividad militar”. No es casual que esta ayuda militar ŽhumanitariaŽ esté operando en la zona de la Triple Frontera, considerada por Bush como un santuario de terroristas.

En ese sentido, la intervención militar de USA en Colombia es al mismo tiempo una política que continúa los viejos programas de intervención militar en América Latina, aunque en mucha mayor magnitud, acorde con la necesidad de mantener el orden en el patio trasero.

Es importante notar que la intervención en Colombia se refuerza por la presencia norteamericana en la denominada zona andina. Al respecto -paralelamente al Plan Colombia- se ha puesto en marcha la Iniciativa Andina, que cuenta con un financiamiento de 882 millones de dólares, de los cuales el Senado norteamericano ya ha aprobado una partida de 676 millones, que será dividida entre siete naciones en diferentes proporciones y en un lapso de varios años: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá y Brasil.

Tampoco es casual que la base militar estadounidense en Manta (Ecuador) haya sufrido “las ampliaciones y adecuaciones que posibilitarían el despegue y aterrizaje de aviones caza y bombarderos de combate”.

De este modo, la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en lo económico y el Plan Puebla Panamá (PPP) podrían englobarse dentro de un proyecto político de largo alcance que consagraría el “sueño americano” de una hegemonía sin competidores a nivel continental.

El ALCA le permitiría a EE.UU. no sólo crear una plataforma desde la cual mejorar la capacidad competitiva de sus capitales sino también fortalecer su economía frente a sus rivales. Por su parte, el Plan Puebla Panamá -anunciado en 2001 por el presidente mexicano Vicente Fox como un amplio desarrollo en el corredor que va desde la ciudad de Puebla -en el sur de México- hasta Panamá permitiría el ŽaccesoŽ de los grandes capitales transnacionales a un área geográfica rica en recursos petroleros, selvas vírgenes, grandes reservas de agua y que cuenta con 30 millones de trabajadores de bajos salarios.

Ambas iniciativas amenazan con provocar profundas repercusiones políticas, sociales, económicas y culturales en todos los países de América Latina. En ese contexto conflictivo la intervención militar de USA en Colombia le permite enfrentar presentes y futuros desafíos a su hegemonía, allanando el camino a una posterior dominación total.

*Para leer el documento completo (21 páginas) ir a Hegemonía norteamericana en América Latina en el contexto del ALCA.

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Written by Carina Maguregui

4 abril 2003 a 12:53 AM

2 comentarios

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  1. Hola Carina,
    Creo que lamentablemente la entrada de una futura “toma” latinoamericana por parte de EEUU, comenzaría por allí: Colombia. Desde este país EEUU tiene planificado abordar conflictos futuros en la zona, llámese Venezuela, y luego quiere ir metiéndose con los sin tierra en Brasil y la triple frontera en Argentina, entre otros.
    Sobre lo que dice Sandra le doy toda la razón, antes de votar deberíamos pensar muy bien a quién.
    Un saludo y felicitaciones por tu weblog!
    Mauricio
    Posted by Mauricio at Abril 7, 2003 09:54 AM

    Mauricio

    20 marzo 2004 at 6:07 PM

  2. Carina te felicito por tu opinion ojala todos los cdolombianos, nos preocuparamos por nuestro pais y por saber que se esta haciendo con el, no dejar que unos pocos opinen y decidan, colombianos dejen de ver tanta television, tanto factor x y los reyes y comencemos a preocuparnos por esto que es lo unico que tenemos y si asi seguimos solo de dejaremos despojos a nuestros hijos.

    liliana

    28 noviembre 2005 at 7:28 PM


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